¿EL COLEGIO DE ARQUITECTOS O "EL CASTILLO" DE KAFKA?

El ejercicio de la actividad de arquitecto es, en estos tiempos de penuria económica, una tarea casi imposible de realizar; a la escasez de clientes y encargos profesionales, se une la competencia indeseable que ejercen las entidades financieras con la oferta de viviendas construidas en stock, a lo que hay que añadir las exigencias en cuanto a cumplimento de Normativas Técnicas y Urbanísticas cada vez más complejas y restrictivas (CTE, NUM, DOTSE, Ley de Prevención Ambiental, etc.…) y una baja considerable de los honorarios como consecuencia de la competencia derivada de la eliminación de las Tarifas Oficiales.

El distanciamiento que se está produciendo entre el profesional y las instituciones que han  de controlar, visar, informar y otorgar los respectivos visados, informes y licencias, está asfixiando  la práctica profesional.
Estas instituciones, lejos de entender que el arquitecto, en la mayoría de los casos, no es más que un profesional cualificado que pretende ganarse la vida ofreciendo a sus clientes un lugar donde vivir o desarrollar su actividad dignamente, parece que lo que prima es un obsceno afán recaudatorio que está por encima de otras consideraciones de tipo humanista que la arquitectura siempre ha tenido, de tal modo que, a la falta de trabajo e ingresos y a la reducción de honorarios, se une un incremento sustancial de los gastos que nos imponen; que van desde los gastos de  visado hasta las  mayores exigencias por parte de las administraciones locales y un aumento considerable de la documentación y el trabajo que ha de tener cada proyecto, y sobre todo, un cada vez mayor distanciamiento de una profesión cuyo buque insignia ha sido históricamente la humanización de los espacios públicos y privados y un trabajo profesional realizado a escala humana.

Estamos asistiendo, en estos tiempos a un vuelco en las relaciones ciudadano-estado, administrado-administración, colegiados-colegio que produce el efecto contrario al espíritu que creíamos que tenían estas instituciones; una administración se crea, entre otras funciones, pensábamos, para proteger al administrado y salvaguardar sus derechos: educación, sanidad, trabajo, vivienda digna, etc….).

Ahora parece que los ciudadanos estamos al albur de las administraciones y más concretamente de sus representantes, que nos imponen, a veces  de manera arbitraria, cada día más obligaciones y menoscaban nuestros derechos, cercenando la confianza que teníamos en las instituciones y haciéndonos cada día más vulnerables, más débiles y menos libres.

Los arquitectos, por nuestra actividad, tenemos la necesidad de acudir con frecuencia a realizar consultas a muchas instituciones: Ayuntamientos, JCyL (Fomento, Urbanismo, Medio Ambiente), Colegio de Arquitectos…, y ya sea por el aumento de la cantidad  y complejidad de las normativas de aplicación o por los métodos de trabajo que hoy se imponen, desde estas instituciones a los funcionarios y que nos exigen a los profesionales, la sensación que tenemos, es de acudir al ”Castillo” de Kafka, donde hay una burocracia asfixiante y nada resolutiva.

Si ya es muy desagradable esta percepción que tenemos en estos inhóspitos lugares donde el trato es muy impersonal y distante, queremos tener la esperanza de que, con el esfuerzo de todo el colectivo, al menos cuando vayamos a nuestro colegio a realizar cualquier gestión accedamos a un bello edificio lleno de luz y claridad y no a un oscuro y opaco “castillo”.

ASEMAS, ¿ES NUESTRA MUTUA?

 Primer proyecto visado en el Colegio de Arquitectos y primera amonestación, falta el KG y el CA y además pásate por los administrativos, que tienes que darte de alta en ASEMAS y en la Hermandad. Eran finales de la década de los 80´, la democracia estaba en marcha y empezando a consolidarse. El frío y los ruidos se escapaban de nuestras casas entre carpinterías mal cerradas y muros de papel.

¿Qué ha pasado desde entonces? El KG y el CA han quedado obsoletos y la normativas de ruidos y térmicas se han enrevesado, dando como resultado la desaparición del corcho blanco y el pica-pica a cambio de una infinidad de productos que, paradójicamente, son relativamente más baratos y de mayor calidad.

ASEMAS y la HNA nacieron como resultado de la carencia y la necesidad en la sociedad restringida de nuestro colectivo, nacieron sin nada y garantizaban unos servicios basados en la solidaridad, y han crecido y engordado con nuestras aportaciones, la de los fieles a la causa que aún continúan afiliados o de los que han ido cayendo por el camino.

Han salido competidores, antes no había, y ahora nos muestran una amplia gama de productos en las que, desgraciadamente, nuestras compañías no salen bien paradas.

La solidaridad se cambió por los intereses mercantilistas camuflados con el nombre societario de MUTUA o HERMANDAD. 

ASEMAS es una Mutua de Seguros, fundada en el año 1983 por acuerdo unánime de todos los Colegios de Arquitectos de España, con el objeto de garantizar la responsabilidad civil y profesional de los Arquitectos. Está creada por y para Arquitectos y está diseñada para cubrir la necesidad de asegurar la responsabilidad de nuestro colectivo.

Para ejercer la profesión es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil y todos los arquitectos han estado dados de alta en ASEMAS, por lo que ha ejercido el monopolio y sigue siendo aún mayoritaria.

Como resultado de ese monopolio siempre surgen los abusos y el afán mercantilista que ha dado al traste con el principio de solidaridad tan aclamado en los fundamentos de la mutua.

Afortunadamente los tiempos han cambiado y ante la nueva ley de la oferta y la demanda y con las delimitaciones de responsabilidad más claras tras la L.O.E., van surgiendo más compañías aseguradoras dispuestas a cubrirnos con unas primas fijas anuales mucho más competitivas y eliminando la cobertura por obra (los conocidos DROs de ASEMAS).

Naturalmente nos surgen las dudas sobre la efectividad de estas nuevas ofertas de aseguradoras que en principio las respaldan compañías grandes, son más ventajosas económicamente, pero que en realidad tienen mucha menos experiencia en el sector y no sabemos como van a responder a medio plazo cuando surjan los siniestros.

Está claro que ASEMAS es la compañía aseguradora más especializada y con más experiencia en el sector, pero ¿qué ha pasado para que en la actualidad sea una carga cada vez más pesada de llevar? El coste del seguro en relación con los ingresos de los arquitectos se ha triplicado desde el año 2007.

ASEMAS nació bien, pasó sus crisis iniciales como casi todas las empresas, pero se ha ido saneando aumentando los fondos propios gracias al sacrificio de todos los mutualistas con las aportaciones al Fondo Mutual.

Al aumentar beneficios y sobretodo en las épocas de bonanza ha ido creciendo en patrimonio con nuevas sedes y sobretodo en personal. Hay un total de 22 oficinas por todo el territorio español y el organigrama actual de la mutua es un sinfín de consejeros y cargos directivos (arquitectos que nos representan) que se funden un montón de dietas en reuniones con viajes, hoteles y comidas, por supuesto todo en plan “lujo”. Los órganos de gobierno son además de la Asamblea General de Mutualistas que se reúne una vez al año, la Comisión Ejecutiva compuesta por seis miembros (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Consejero de Economía y dos Vocales) y el Consejo de Administración compuesto por 22 miembros (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Consejero de Economía y 18 Vocales representantes de los diferentes Colegios de Arquitectos).

Cada vez ha ido creciendo la desigualdad en las exigencias entre la mutua y los mutualistas, siempre buscando el mayor interés económico para la mutua no para los mutualistas. Se han ido imponiendo los intereses mercantilistas. Un ejemplo que la mayoría hemos sufrido: si quieres que ASEMAS te devuelva por obra no ejecutada o simplemente porque te has equivocado en una declaración te piden un listado certificado de los proyectos visados en los últimos diez años por si te has olvidado declarar algo, pero tu sólo tienes derecho a reclamar devoluciones de obras de cinco años atrás, ¿es lógico?.

Tampoco es lógico que teniendo una cobertura determinada por la que se paga una prima anual tengamos que estar pagando por cada obra, duplicando el coste. Una cosa o la otra. Y en la actualidad nos calculan la prima fija anual en relación a la cuantía de obra ejecutada en los diez años anteriores, que como casualmente coincide con los años del “boom inmobiliario” por lo general se incrementa, con lo cual estamos pagando tres veces por lo mismo, …….., ya está bien. ¿Por qué no se calcula en relación a los tres o cinco últimos años? Y lo curioso es que son nuestros propios compañeros los que lo gestionan y nos están ahogando.

Seguimos teniendo la Asamblea General de Mutualistas donde debemos hacer valer nuestro derecho al voto y aunque los cambios estatutarios están bastantes blindados quizás haya llegado el momento de asistir masivamente con votos delegados a la próxima asamblea para intentar cambiar las cosas, en lugar de entregar ingenuamente nuestro voto a los Consejeros que nos representan que mientras sigan a sueldo de ASEMAS no parece que vayan a luchar mucho por nuestros intereses.

Y por último, recogiendo una reflexión final del artículo de Ricardo Aroca Hernández-Ros “ASEMAS – VISTO DESDE FUERA” citamos textualmente: ”Una elemental prudencia aconsejaría una reducción drástica de los costes de administración acorde con la reducción del volumen de negocio”. 

 
En los siguientes enlaces se pueden ver además del artículo antes mencionado, otro publicado en El Confidencial hace algo más de un año y otros dos enlaces más en los que se recogen la preocupación, incertidumbre e indignación.

https://www.asemas.es/portal/web/noticias/adj/articulo.pdf
 

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/01/19/la-mutua-de-los-arquitectos-les-asfixia-con-el-seguro-ante-la-caida-de-obras-91094/
 

http://blog.miotroseguro.com/la-incertidumbre-en-el-aseguramiento-con-asemas/
 

http://koac.wordpress.com/2012/04/12/asemas-indignacion-e-indefension/

APUNTES SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

   Nos habían contado en nuestra profesión que si éramos negligentes o ilíctamente aprovechados en nuestro trabajo podíamos recaer en una responsabilidad penal, también nos contaron que si nuestro trabajo producía perjuicio a terceros teníamos responsabilidad civil. Más o menos cada uno tenemos nuestras experiencias en carnes propias o ajenas, o mediáticas.

   Ahora ha saltado a la prensa local una nueva “responsabilidad”, la administrativa. La disciplina urbanística es clara en algunos aspectos, los que se incluyen en la legislación urbanística de Castilla y León, los topes máximos y mínimos de las sanciones y la clasificación de las mismas, pero todo lo demás es borroso, excesivamente borroso. Cada expediente sancionador va acompañado de un largo proceso judicial, un vaivén de resoluciones según el tribunal al que le corresponda la fase de instrucción.

  La superación de la licencia, la falta de la misma o el error en su concesión, dan como resultado unas muy distintas actuaciones administrativas. Y no pasa nada.

   Acusaciones entre administraciones llegan al ridículo. El Ayuntamiento sanciona a la Junta por hacer un picadero de caballos en suelo rústico. La Junta sanciona al Ayuntamiento por pasar unos cuantos metros en el Cervantes, unos particulares promueven que el Ayuntamiento derribe una marquesina de autobuses (con un coste de 400.000€) y ni siquiera se había abierto un expediente administrativo, y en las obras particulares abren unos expedientes de cientos de miles de euros de sanción en los que incluyen también a los Arquitectos .

   La implicación del Arquitecto en una obra la conoce el propio Arquitecto. Puede que los indicios lleven a alguna prueba concluyente en un juicio, pero, en principio y ante la duda, nuestro Ayuntamiento de Segovia nos incluye en el mismo saco y, una vez dentro, no escuchan razones. Desconocemos el caso de los miniapartamentos dichosos, sólo se sabe lo que viene en la prensa y que tiene distintas lecturas según quien lo lea. Al parecer no fue delito, pero si incurrió en una falta urbanística calificada como grave o muy grave según quien lo miraba. Los técnicos tuvieron una intervención desconocida pero sancionada. Un caso desafortunado y unas reflexiones. ¿Quién sanciona? ¿Cómo sanciona? ¿A quién sanciona? ¿Por qué sanciona?... y estas reflexiones se extienden a toda la profesión y la extraña relación de proyecto-administración.

  Desde aquí denunciamos una situación real. No existe ordenanza para la aplicación de la legislación urbanística en materia de disciplina y la aplicación directa del Reglamento de Urbanismo está llevando a grandes desigualdades en las irregularidades o ilegalidades que puedan acontecer en el desarrollo de un proyecto, según sea cometido por una administración o por unos particulares.

   La función de los técnicos debe ser sopesada, el mismo reglamento incluye a los técnicos en principio como parte de la falta pero no impone que sean culpables “per se”. El Arquitecto para evitar responsabilidades se ha de convertir en el policía y delator de su propio cliente.

   El Ayuntamiento es el que denuncia, instruye, sanciona y se queda con la sanción. Esto es un sistema perverso que puede mover a plantearse las sanciones como un ingreso más en lugar de utilizarlo como una regulación de una actividad.

   El importe de las sanciones tiene un recorrido muy largo. No es lo mismo pasarse en altura 30cm que 3m, pero si la limitación de la altura es superada y no es legalizable, la falta sería grave y se puede sancionar hasta con 300.000€. Cuando la administración mete la pata, por las mismas razones se debería sancionar a los políticos que han promovido una actuación ilegal con el mismo rigor.

Es necesaria una ordenanza que regule las sanciones, y en lo que nos afecta a nosotros, que defina realmente nuestras responsabilidades administrativas.

Y que podamos defender nuestros intereses ante una administración que muchas veces se comporta con una hostilidad innecesaria hacia nuestro colectivo.